Ley comercio electronico españa

¿Qué hay de nuevo en el comercio electrónico B2C?

El comercio español se basa en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. No obstante, y dado que se han transferido muchas competencias a las Comunidades Autónomas, de las que no se hablará más aquí, en este artículo nos centraremos en la legislación de Madrid.

En primer lugar, debemos destacar el carácter obligatorio de las hojas de reclamaciones. En el comercio físico, se supone que el comerciante está obligado a poner a disposición de los clientes hojas de reclamaciones. Sin embargo, ¿es esta obligación trasladable también al comercio electrónico? La respuesta es un rotundo "sí". En el artículo 29.4 del Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrolla el Estatuto 11/1998, de 9 de julio, de Protección de la Clientela en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se establece explícitamente que el Comercio Electrónico y el resto de comercios que no dispongan de establecimientos públicos, están obligados a informar a los consumidores sobre la existencia de hojas de reclamaciones y la forma de acceder a las mismas.

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En España, al igual que en los países de nuestro entorno, las actividades relacionadas con el comercio electrónico son actualmente objeto de una regulación específica. En las operaciones relacionadas con el comercio electrónico hay que tener en cuenta, entre otras, la legislación sobre ventas a distancia, publicidad, condiciones generales de la contratación, protección de datos, propiedad intelectual e industrial y comercio electrónico y servicios de la sociedad de la información. Además de estas leyes específicas, también es necesario examinar la legislación general sobre contratos civiles y mercantiles y, cuando se trate de comercio electrónico dirigido a consumidores (B2C), también debe considerarse la normativa específica sobre protección de los consumidores. Además, cuestiones como la ciberseguridad o la identificación electrónica (firma electrónica) tienen una importancia creciente.

Desde el punto de vista fiscal, el comercio electrónico plantea cuestiones que requerirían un consenso sobre las medidas a adoptar a nivel regional e incluso mundial. Se ha avanzado bastante en la consecución de un consenso sobre el tratamiento a efectos del IVA del "comercio electrónico en línea". En cuanto al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, aunque España ha creado este impuesto, habrá que esperar a una interpretación coordinada y uniforme de los distintos criterios que determinan el tratamiento fiscal del comercio electrónico a nivel internacional.

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La UE impuso nuevas normas sobre el IVA a partir del 1 de julio de 2021. Estas normas sustituyen al anterior régimen de ventas a distancia que estaba en vigor hasta el 30 de junio de 2021. El límite del umbral de facturación anual para España era de 35.000 euros que ahora ha sido sustituido por el umbral unificado de 10.000 euros para toda la UE.

El MOSS (Mini One Stop Shop) se ha ampliado con los nuevos esquemas OSS (One Stop Shop) que cubren todos los bienes y servicios. El nuevo paquete de IVA sobre comercio electrónico afecta a todas las ventas a distancia dentro y hacia la UE.

Las ventas a distancia de comercio electrónico son las ventas al consumidor y los contratos de servicios que se celebran por internet, teléfono (con o sin interacción humana), correo electrónico, fax o carta convencional están cubiertos por estas normas de la UE.

Seis meses después de la aprobación de la DST, el Gobierno español ha elaborado finalmente normas reglamentarias para su aplicación. Primero se publicó en octubre de 2019, y luego se aprobó en octubre de 2020, el primer proyecto de ley del Consejo de Ministros español sobre el impuesto a los servicios digitales. Sin embargo, debido a la complejidad y la falta de asesoramiento, la fecha de pago se pospuso al 1 de julio, dando tiempo a los contribuyentes para adaptarse y a los legisladores para desarrollar normas reglamentarias.

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En España, la Ley General en Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que el consumidor debe recibir notificación del precio final de los bienes, (incluidos todos los impuestos y tasas) antes de la ejecución de un contrato.

Además, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información establece que, al hacer referencia a un precio, la empresa debe ser clara sobre el precio del producto/servicio y si incluye los impuestos aplicables y los gastos de entrega. Los consumidores deben recibir información clara sobre los costes de entrega o si éstos se desconocen. Los consumidores deben recibir información sobre el cálculo de estos costes si se desconocen y cómo se tendrán en cuenta antes de la ejecución del contrato.

En el caso de Alemania, Suiza y Francia, cuando el precio de un producto se menciona en una tienda en línea, debe indicarse si incluye los gastos de envío. Si no es así, debe haber un enlace con información sobre los gastos de envío. Si se desconocen los gastos de envío, debe indicarse cómo se calcularán. La cesta de la compra electrónica debe incluir los gastos de envío finales. Las empresas polacas también tienen la obligación de informar al consumidor de los gastos de envío, pero en Polonia no existen requisitos específicos como en otros países.